MSc. Alejandro Camacho
Actualmente, hay dos problemas que aquejan en gran medida el funcionamiento efectivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. El primero de ellos, es que éste no cubre un sector importante de nuestra economía; dejando de lado las necesidades de las familias de clase media baja, jóvenes profesionales que contraen matrimonio y cuyos ingresos mancomunados no superan los novecientos mil colones.
De manera adicional, el Sistema se ha desfinanciado, producto de que depende exclusivamente, del presupuesto porcentual de diferentes instituciones del Estado, lo que ha generado su detención absoluta en algunos momentos de su recorrido histórico, y consecuentemente, la dilación en la búsqueda de soluciones habitacionales para los sectores necesitados del país.
Por su parte, las leyes y reglamentos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda abren una gran gama de posibilidades de financiamiento, entre las cuales se podría pensar en la posibilidad de tasas de interés subsidiadas, que cubran los dos problemas anteriormente establecidos, de manera que se proteja al sector financieramente no cubierto. En este orden de ideas, y con fundamento en lo actualmente establecido por dichas leyes y reglamentos, lo necesario seria reorientar las políticas del Sistema hacia este tipo de financiación.
“Techo para Todos los Costarricenses”
En la Administración del Doctor Oscar Arias Sánchez (1986 – 1990), se creó el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a través de la Ley 7052; con el objetivo de permitir la construcción de las viviendas necesarias para disminuir el déficit habitacional, y, también, hacer frente a la demanda del crecimiento de la población, a un precio acorde a la capacidad de pago de los diferentes estratos sociales.
“Bono Familiar de Vivienda Totalmente Gratuito”
En la Administración del Licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, (1990 -1994), se transforma el bono, de ser un crédito hipotecario, a ser un subsidio (bono familiar de vivienda gratuito), y es este momento, en que el Sistema pierde la capacidad de recuperación dineraria que había sostenido con anterioridad, dependiendo de manera exclusiva de los aportes presupuestarios de las instituciones obligadas a tal efecto.
“La Paralización del Sector Constructivo”
A mediados de la administración del Doctor Abel Pacheco de la Espriella (2002 – 2006) el Sector Constructivo Costarricense se vio paralizado, producto de la también paralización del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, debido precisamente, a que las instituciones encargadas legalmente de hacerlo, no habían cubierto los presupuestos porcentuales necesarios para el financiamiento del Sistema. La paralización produjo incerteza y perjuicio económico a un amplio sector de nuestra economía, en donde, desde el vendedor de copos que se solía apostar frente a una construcción, pasando por el depósito de materiales, hasta llegar al constructor y desarrollador, se vieron seriamente afectados.
“La Clase Media”
La clase media costarricense, que a lo largo de la historia de nuestro país ha sido la que ha forjado las bases de nuestro sistema productivo, y por ende, de nuestra democracia, es la que ha venido a sufrir las consecuencias de los cambios en las políticas de inversión de nuestro Sistema. Hoy por hoy, esta clase media trabajadora no tiene la posibilidad de acceder los mismos bienes y servicios que otrora consiguiera, y su posibilidad de apoyo se ven cada día más reducidas. Las entidades autorizadas no los financian por cuanto no califican dentro de los parámetros establecidos, y a la vez, no son sujetos del subsidio estatal toda vez que sus ingresos superan los rangos más altos establecidos para el otorgamiento de un subsidio.
Hoy por hoy, para poder calificar a un crédito de treinta y cinco millones de colones, es requisito indispensable que la familia tenga un ingreso superior a un millón de colones mensuales. Este hecho, aunado a diferentes factores, tales como el alquiler de una vivienda, un promedio de familia de cuatro miembros, la necesidad de traslado hacia los centros laborales, el costo de la educación, la salud, el incremento en la canasta básica, impiden la posibilidad de tener una solución de vivienda propia.
Por otro lado, y en vista de la situación anteriormente comentada, el sector constructivo ha volcado sus ojos hacia otro segmento poblacional del país, con mayores y mejores ingresos económicos, abstrayéndose de construir soluciones habitaciones de treinta o cuarenta millones de colones, ya que el mercado se ha visto muy reducido.
Las leyes y reglamentos vigentes para el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda adolecen de una serie de defectos. Su estructuración es desordenada y poco consecuente. Situaciones propias de la ley son tocadas muy reglamentariamente, y los reglamentos, por su parte, vienen a dar la base legal de las diferentes actuaciones. No obstante lo anterior, la intención de los legisladores tiene un claro destino, y es el procurar programas de vivienda rural y urbana en condiciones preferenciales de crédito.
El marco teórico – legal para generar condiciones preferenciales de crédito está dado en el abanico de leyes y reglamentos existentes, por lo que es necesario entonces, reorientar las políticas actuales del Sector Vivienda hacia otro ámbito de aplicación.
Las reformas hechas a las leyes y reglamentos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, más que cambiar el esquema inicial de este sistema, vinieron a cambiar las políticas de aplicación de la facultad conferida para la promoción, estructuración y constitución de créditos preferenciales. Los cambios operados en estas leyes y reglamentos todavía mantienen la posibilidad de este financiamiento subsidiado a los sectores no cubiertos de nuestra economía, lo que hay que variar es la miopía administrativa que sólo permite orientar recursos hacia la clase extremadamente pobre de nuestro país, haciendo más amplia la brecha social en Costa Rica.
No es la falta de legislación lo que no permite brindar ayuda económica subsidiada a los cuartos, quintos, y sextos estratos, sino más bien, la falta un compromiso político, que se arriesgue a cambiar los esquemas actuales de gratuidad absoluta, por otros que signifiquen un esfuerzo adicional para aquellas familias que sí quieren prosperar, pero que hoy por hoy, se han convertido en la población realmente necesitada de nuestro país, que no cuenta con los mecanismos necesarios para surgir y obtener un techo digno; una clase media-baja.